Jugando con dinero ajeno
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 6, 2013
Oziel Yudiche Lara sabía desde octubre de 2009, cuando asumió el cargo de director general de Pensiones del Estado, que la Junta Directiva anterior había autorizado dos años antes la celebración de un contrato en el que se le confiaba a una empresa extranjera administradora de activos un poco más tres millones de dólares para que se los manejara a través de un fondo de inversión de renta variable denominado Global Style Blend. Sabía que su antecesor, Luis Gonzaga Sánchez Espinosa, había ejecutado un acuerdo tomado ilegalmente por los representantes del gobernador, secretario de Finanzas, sindicatos magisteriales y burócratas que integraban la directiva de ese organismo, pues violaba la Ley de Pensiones que prohíbe expresamente que los ahorros de los trabajadores se inviertan en títulos o valores “que funden sus utilidades en circunstancias imprevistas o de azar”, como era el caso de la adquisición de ese paquete de acciones especulativas que se cotizan en diferentes mercados de valores alrededor del mundo. Hasta allá fueron a parar los fondos de los trabajadores potosinos destinados al pago de sus pensiones con los que irresponsablemente jugaban estos ex funcionarios.
Oziel Yudiche Lara, como responsable de administrar con seguridad y transparencia los fondos de inversión de los burócratas debió cancelar de inmediato la operación celebrada y denunciar a los responsables del ilícito, y no esperarse ocho largos meses para someter a la consideración de los nuevos integrantes de la Junta Directiva la propuesta de retirar la inversión, pues para entonces el fondo que convalidaba con su pasividad y silencio había perdido un 45% de su valor. En el acta de la Sesión Ordinaria del 3 de junio de 2010, cuando se tomó este acuerdo, aparecen como consejeros el ex perredista y ex diputado local Ismael Trujillo Martínez, representante del doctor Fernando Toranzo; Silvia Arellano Vázquez, representante de Jesús Conde Mejía; Olegario Saldaña Coreno, en representación del sector burócrata; Ángel Pecina Hernández, representante del Sistema Educativo Estatal Regular, Maestros Sección 52; y Moisés Vázquez Briones, representante Consejero de la Sección 26 de Telesecundaria. Más de un millón 353 mil dólares se habían esfumado. Nada se ha hecho para activar la denuncia penal que Yudiche Lara asegura que se presentó en contra de los causantes de este quebranto, a pesar de que han transcurrido 30 meses de la fecha en la que se formalizó el acuerdo.
A Yudiche Lara y a sus consejeros se les deben fincar responsabilidades por haber puesto en peligro la devolución de un fondo de renta fija por 370 millones de pesos que confiaron a una financiera de Nueva Zelanda que les ofreció pagarles intereses muy superiores a los que normalmente se pagan, y que requirió de la compra de una póliza para asegurar su cumplimiento. Fue tan riesgosa la operación que la financiera se atrasó tres meses en el pago de sus obligaciones, por lo que prefirieron cobrar la inversión en ese momento a seguir ganando más intereses.
Si ya habían dejado pasar tanto tiempo sin retirar lo que había quedado del fondo contratado con Global Style Blend, si habían permitido que la inversión siguiera vigente; lo más conveniente entonces era seguir esperándose pues las bolsas para esa fecha se estaban recuperando, de tal manera que la pérdida se habría reducido a un 7.79%, si hoy se hubiera cobrado esa inversión. Ese fondo reportó en el 2012 una utilidad del 14.38%. Su decisión, además de tardía y encubridora; fue precipitada y errónea porque ningún jugados de bolsa toma una pérdida de esa cuantía, y menos cuando el precio de las acciones va a la alza. En junio de 2010 el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores Mexicana -que es un reflejo de la de Nueva York- cerraba con 31,156 puntos, cuando en octubre de 2009 el índice había llegado a los 28,646 puntos. Nada que ver con los precios actuales que han superado la barrera de los 44 mil puntos.
Oziel Yudiche Lara ha permitido que el gobierno del Estado se apodere de una buena parte de los fondos de los jubilados para financiar su déficit. No lo ha denunciado, pues entre la SEGE y la Secretaría de Finanzas le adeudan más de 568 millones de pesos por concepto de cuotas patronales y retenciones que por diferentes conceptos se les hacen a los burócratas. El daño patrimonial es enorme pues el gobierno no le paga un peso de intereses por el “jineteo” de su dinero y no existe plazo ni partida presupuestal para cumplir con sus compromisos. Por esto, Bernardina Lara Argüelles, Vito Lucas Gómez Hernández y Arnulfo Hernández Rodríguez, diputados de la anterior Legislatura, presentaron el pasado 13 de agosto una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 24 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, en el que plantean un cargo mensual por concepto de intereses moratorios sobre saldos insolutos del doce por ciento anual, como una medida de apremio para que el Gobierno del Estado entregue puntualmente a la Dirección de Pensiones los recursos que previamente la ha deducido a los trabajadores y que están destinados para integrar sus fondos de pensiones. Ni los maestros ni los burócratas han ejercido presión alguna para que el Congreso apruebe esta iniciativa.
Oziel Yudiche Lara sabe que la longevidad de los trabajadores es un riesgo financiero real e inminente, y no ha propuesto una iniciativa para elevar la edad o los años de actividad laboral para que se jubilen. En San Luis Potosí un burócrata de 48 años de edad puede jubilarse si ingresó como empleado del gobierno a los 18 años. A este ritmo ningún dinero alcanzará para asegurar su retiro, y pronto veremos una generación de burócratas que no tendrán un cheque en la mano que les permita dejar su trabajo.
Enero 6, 2013
Oziel Yudiche Lara sabía desde octubre de 2009, cuando asumió el cargo de director general de Pensiones del Estado, que la Junta Directiva anterior había autorizado dos años antes la celebración de un contrato en el que se le confiaba a una empresa extranjera administradora de activos un poco más tres millones de dólares para que se los manejara a través de un fondo de inversión de renta variable denominado Global Style Blend. Sabía que su antecesor, Luis Gonzaga Sánchez Espinosa, había ejecutado un acuerdo tomado ilegalmente por los representantes del gobernador, secretario de Finanzas, sindicatos magisteriales y burócratas que integraban la directiva de ese organismo, pues violaba la Ley de Pensiones que prohíbe expresamente que los ahorros de los trabajadores se inviertan en títulos o valores “que funden sus utilidades en circunstancias imprevistas o de azar”, como era el caso de la adquisición de ese paquete de acciones especulativas que se cotizan en diferentes mercados de valores alrededor del mundo. Hasta allá fueron a parar los fondos de los trabajadores potosinos destinados al pago de sus pensiones con los que irresponsablemente jugaban estos ex funcionarios.
Oziel Yudiche Lara, como responsable de administrar con seguridad y transparencia los fondos de inversión de los burócratas debió cancelar de inmediato la operación celebrada y denunciar a los responsables del ilícito, y no esperarse ocho largos meses para someter a la consideración de los nuevos integrantes de la Junta Directiva la propuesta de retirar la inversión, pues para entonces el fondo que convalidaba con su pasividad y silencio había perdido un 45% de su valor. En el acta de la Sesión Ordinaria del 3 de junio de 2010, cuando se tomó este acuerdo, aparecen como consejeros el ex perredista y ex diputado local Ismael Trujillo Martínez, representante del doctor Fernando Toranzo; Silvia Arellano Vázquez, representante de Jesús Conde Mejía; Olegario Saldaña Coreno, en representación del sector burócrata; Ángel Pecina Hernández, representante del Sistema Educativo Estatal Regular, Maestros Sección 52; y Moisés Vázquez Briones, representante Consejero de la Sección 26 de Telesecundaria. Más de un millón 353 mil dólares se habían esfumado. Nada se ha hecho para activar la denuncia penal que Yudiche Lara asegura que se presentó en contra de los causantes de este quebranto, a pesar de que han transcurrido 30 meses de la fecha en la que se formalizó el acuerdo.
A Yudiche Lara y a sus consejeros se les deben fincar responsabilidades por haber puesto en peligro la devolución de un fondo de renta fija por 370 millones de pesos que confiaron a una financiera de Nueva Zelanda que les ofreció pagarles intereses muy superiores a los que normalmente se pagan, y que requirió de la compra de una póliza para asegurar su cumplimiento. Fue tan riesgosa la operación que la financiera se atrasó tres meses en el pago de sus obligaciones, por lo que prefirieron cobrar la inversión en ese momento a seguir ganando más intereses.
Si ya habían dejado pasar tanto tiempo sin retirar lo que había quedado del fondo contratado con Global Style Blend, si habían permitido que la inversión siguiera vigente; lo más conveniente entonces era seguir esperándose pues las bolsas para esa fecha se estaban recuperando, de tal manera que la pérdida se habría reducido a un 7.79%, si hoy se hubiera cobrado esa inversión. Ese fondo reportó en el 2012 una utilidad del 14.38%. Su decisión, además de tardía y encubridora; fue precipitada y errónea porque ningún jugados de bolsa toma una pérdida de esa cuantía, y menos cuando el precio de las acciones va a la alza. En junio de 2010 el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores Mexicana -que es un reflejo de la de Nueva York- cerraba con 31,156 puntos, cuando en octubre de 2009 el índice había llegado a los 28,646 puntos. Nada que ver con los precios actuales que han superado la barrera de los 44 mil puntos.
Oziel Yudiche Lara ha permitido que el gobierno del Estado se apodere de una buena parte de los fondos de los jubilados para financiar su déficit. No lo ha denunciado, pues entre la SEGE y la Secretaría de Finanzas le adeudan más de 568 millones de pesos por concepto de cuotas patronales y retenciones que por diferentes conceptos se les hacen a los burócratas. El daño patrimonial es enorme pues el gobierno no le paga un peso de intereses por el “jineteo” de su dinero y no existe plazo ni partida presupuestal para cumplir con sus compromisos. Por esto, Bernardina Lara Argüelles, Vito Lucas Gómez Hernández y Arnulfo Hernández Rodríguez, diputados de la anterior Legislatura, presentaron el pasado 13 de agosto una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un párrafo al artículo 24 de la Ley de Pensiones y Prestaciones Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, en el que plantean un cargo mensual por concepto de intereses moratorios sobre saldos insolutos del doce por ciento anual, como una medida de apremio para que el Gobierno del Estado entregue puntualmente a la Dirección de Pensiones los recursos que previamente la ha deducido a los trabajadores y que están destinados para integrar sus fondos de pensiones. Ni los maestros ni los burócratas han ejercido presión alguna para que el Congreso apruebe esta iniciativa.
Oziel Yudiche Lara sabe que la longevidad de los trabajadores es un riesgo financiero real e inminente, y no ha propuesto una iniciativa para elevar la edad o los años de actividad laboral para que se jubilen. En San Luis Potosí un burócrata de 48 años de edad puede jubilarse si ingresó como empleado del gobierno a los 18 años. A este ritmo ningún dinero alcanzará para asegurar su retiro, y pronto veremos una generación de burócratas que no tendrán un cheque en la mano que les permita dejar su trabajo.