Bajando el volumen
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Febrero 10, 2013
Una de las prioridades de la agenda política del gobierno de Peña Nieto -y por lo tanto de Fernando Toranzo-es ocultar o por lo menos bajarle el tono a toda aquella información que tenga que ver con la inseguridad y violencia. A la nueva estrategia de comunicación social la podríamos denominar “cabeza de avestruz” y si es total podría resultar más perjudicial que la escandalera que armó Felipe Calderón durante su sexenio.
Los boletines que emite la Procuraduría General de Justicia son la única fuente de información de los delitos que se cometen en el estado. Sólo conocemos su versión -parcial y retorcida- porque es muy raro que algún periodista se aventure en el lugar de los hechos y realice sus propias indagaciones. Es así como se desvirtúa la dramática realidad que vivimos proyectando una imagen inexacta y triunfalista del nuevo gobierno; y no porque no haya libertad de prensa, sino porque la mayoría de los medios de comunicación se autocensuran por temor a involucrarse en asuntos que pueden ofender al crimen organizado, o por la dependencia económica o relación de amistad que tienen sus directivos con los funcionarios de gobierno, quienes les ruegan no rebasar la línea de sus recomendaciones.
Reducir todos los hechos delictivos de alto impacto a simples ajustes de cuentas entre bandas criminales que se disputan la plaza es una salida fácil e inaceptable porque no se consideran otros elementos de juicio como serían la incapacidad manifiesta del Estado en la investigación de los delitos y la corrupción de la policía que culpa al primero que tiene enfrente con antecedentes penales. Tenemos la impresión de que las autoridades no saben qué es lo que realmente está ocurriendo en la capital del estado y otros municipios en los que se ha desatado la violencia; aunque todos sabemos que la impunidad es el motor que mueve a la delincuencia y en nuestro país está bien engrasado. También sabemos que la criminalidad no ha disminuido y que dolosamente se ocultan muchos delitos graves que no aparecen en los informes. Más de 1,200 muertes violentas se han contabilizado en los primeros dos meses de régimen priista. La percepción ciudadana es que hoy estamos peor que antes, no obstante que la información delictiva es menos machacona y alarmante que en el 2012. Hasta parece que los criminales no atiendan las noticias o no se han dado cuenta que desde el 1 de diciembre se instaló otro gobierno que busca pactar con los grupos menos agresivos para administrar la violencia y eliminar a los radicales, como sólo los gobiernos priistas saben hacerlo.
La brutalidad con la que los criminales privan de la vida a sus victimas es un tema de diván que debe analizarse profundamente. Los ajusticiamientos son despiadados y desproporcionados a cualquier falta o deslealtad. Estoy seguro que muchos nos preguntamos: ¿qué tanto daño habrán hecho estos infelices para terminar sus días torturados y desmembrados? Es una vergüenza nacional el salvajismo que proyectamos al exterior con estos sucesos. Vemos con absoluta indiferencia las ejecuciones y desapariciones que hasta hace unos cuantos años hubieran conmocionado a la sociedad. Nadie les da seguimiento.
Los potosinos debemos exigirle al gobernador que emita una alerta de género ante el incremento de homicidios dolosos y culposos contra mujeres. Desconocemos el número exacto de las muertas y desaparecidas porque se nos oculta la información y en muchos casos se les inhuma clandestinamente. Somos tan indolentes que hemos perdido la capacidad para indignarnos y podemos borrar fácilmente de nuestras preocupaciones cualquier incidente criminal, por más grave, reciente y cruel que haya sido.
Ante la incapacidad para resolver o aminorar la violencia, el gobierno le apuesta a que vivamos en babia y desinformados, y casualmente la Ley General de Victimas que ayer entró en vigor contribuye con este propósito pues prohíbe expresamente en su artículo cinco criminalizar a las victimas al establecer que las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de estas, ni podrán tratarlas en ningún caso como sospechosas o responsables de la comisión de los hechos que se denuncian; y que ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva; de tal manera que ya no podrán ser exhibidos ante los medios de comunicación.
Nadie ha podido calcular el daño que ha ocasionando en la economía el crimen organizado. Las inversiones y el turismo huyen despavoridos, aumentan los desocupados y consecuentemente las filas de la delincuencia se alimentan con miles de jóvenes que se convierten en “carne de cañón” destinada al matadero. Las organizaciones criminales han demostrado, una y otra vez, que tienen capacidad y recursos para reaccionar y recuperarse ante el asedio gubernamental, por más intenso que este sea, y no importa a quien maten o encarcelen, sus estructuras siguen funcionando.
Si Monterrey con un poderoso grupo de empresarios ricos y organizados y a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estado Unidos no puede detener o siquiera reducir las acciones criminales en su zona metropolitana, qué nos espera a las ciudades pobres y abandonadas por la federación como la capital potosina, ya no se diga las otras regiones del estado que están asoladas por la delincuencia. Estamos frente a un enemigo poderosísimo, queramos o no reconocerlo, y no hago apología de la delincuencia porque lo que digo es irrefutable. Ya deberíamos de haber entendido que la violencia que ejerce el gobierno sobre estos grupos no es el método para acabarlos. Este error de cálculo ha implicado enormes costos para el país en términos de vidas humanas, dinero y bienestar. La eliminación de los grandes capos ha fracturado a las organizaciones criminales y ha dispersado a sus integrantes a otros sitios, desencadenándose una lucha fratricida para hacerse del poder y control de enormes zonas del territorio.
Febrero 10, 2013
Una de las prioridades de la agenda política del gobierno de Peña Nieto -y por lo tanto de Fernando Toranzo-es ocultar o por lo menos bajarle el tono a toda aquella información que tenga que ver con la inseguridad y violencia. A la nueva estrategia de comunicación social la podríamos denominar “cabeza de avestruz” y si es total podría resultar más perjudicial que la escandalera que armó Felipe Calderón durante su sexenio.
Los boletines que emite la Procuraduría General de Justicia son la única fuente de información de los delitos que se cometen en el estado. Sólo conocemos su versión -parcial y retorcida- porque es muy raro que algún periodista se aventure en el lugar de los hechos y realice sus propias indagaciones. Es así como se desvirtúa la dramática realidad que vivimos proyectando una imagen inexacta y triunfalista del nuevo gobierno; y no porque no haya libertad de prensa, sino porque la mayoría de los medios de comunicación se autocensuran por temor a involucrarse en asuntos que pueden ofender al crimen organizado, o por la dependencia económica o relación de amistad que tienen sus directivos con los funcionarios de gobierno, quienes les ruegan no rebasar la línea de sus recomendaciones.
Reducir todos los hechos delictivos de alto impacto a simples ajustes de cuentas entre bandas criminales que se disputan la plaza es una salida fácil e inaceptable porque no se consideran otros elementos de juicio como serían la incapacidad manifiesta del Estado en la investigación de los delitos y la corrupción de la policía que culpa al primero que tiene enfrente con antecedentes penales. Tenemos la impresión de que las autoridades no saben qué es lo que realmente está ocurriendo en la capital del estado y otros municipios en los que se ha desatado la violencia; aunque todos sabemos que la impunidad es el motor que mueve a la delincuencia y en nuestro país está bien engrasado. También sabemos que la criminalidad no ha disminuido y que dolosamente se ocultan muchos delitos graves que no aparecen en los informes. Más de 1,200 muertes violentas se han contabilizado en los primeros dos meses de régimen priista. La percepción ciudadana es que hoy estamos peor que antes, no obstante que la información delictiva es menos machacona y alarmante que en el 2012. Hasta parece que los criminales no atiendan las noticias o no se han dado cuenta que desde el 1 de diciembre se instaló otro gobierno que busca pactar con los grupos menos agresivos para administrar la violencia y eliminar a los radicales, como sólo los gobiernos priistas saben hacerlo.
La brutalidad con la que los criminales privan de la vida a sus victimas es un tema de diván que debe analizarse profundamente. Los ajusticiamientos son despiadados y desproporcionados a cualquier falta o deslealtad. Estoy seguro que muchos nos preguntamos: ¿qué tanto daño habrán hecho estos infelices para terminar sus días torturados y desmembrados? Es una vergüenza nacional el salvajismo que proyectamos al exterior con estos sucesos. Vemos con absoluta indiferencia las ejecuciones y desapariciones que hasta hace unos cuantos años hubieran conmocionado a la sociedad. Nadie les da seguimiento.
Los potosinos debemos exigirle al gobernador que emita una alerta de género ante el incremento de homicidios dolosos y culposos contra mujeres. Desconocemos el número exacto de las muertas y desaparecidas porque se nos oculta la información y en muchos casos se les inhuma clandestinamente. Somos tan indolentes que hemos perdido la capacidad para indignarnos y podemos borrar fácilmente de nuestras preocupaciones cualquier incidente criminal, por más grave, reciente y cruel que haya sido.
Ante la incapacidad para resolver o aminorar la violencia, el gobierno le apuesta a que vivamos en babia y desinformados, y casualmente la Ley General de Victimas que ayer entró en vigor contribuye con este propósito pues prohíbe expresamente en su artículo cinco criminalizar a las victimas al establecer que las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de estas, ni podrán tratarlas en ningún caso como sospechosas o responsables de la comisión de los hechos que se denuncian; y que ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva; de tal manera que ya no podrán ser exhibidos ante los medios de comunicación.
Nadie ha podido calcular el daño que ha ocasionando en la economía el crimen organizado. Las inversiones y el turismo huyen despavoridos, aumentan los desocupados y consecuentemente las filas de la delincuencia se alimentan con miles de jóvenes que se convierten en “carne de cañón” destinada al matadero. Las organizaciones criminales han demostrado, una y otra vez, que tienen capacidad y recursos para reaccionar y recuperarse ante el asedio gubernamental, por más intenso que este sea, y no importa a quien maten o encarcelen, sus estructuras siguen funcionando.
Si Monterrey con un poderoso grupo de empresarios ricos y organizados y a unos cuantos kilómetros de la frontera con Estado Unidos no puede detener o siquiera reducir las acciones criminales en su zona metropolitana, qué nos espera a las ciudades pobres y abandonadas por la federación como la capital potosina, ya no se diga las otras regiones del estado que están asoladas por la delincuencia. Estamos frente a un enemigo poderosísimo, queramos o no reconocerlo, y no hago apología de la delincuencia porque lo que digo es irrefutable. Ya deberíamos de haber entendido que la violencia que ejerce el gobierno sobre estos grupos no es el método para acabarlos. Este error de cálculo ha implicado enormes costos para el país en términos de vidas humanas, dinero y bienestar. La eliminación de los grandes capos ha fracturado a las organizaciones criminales y ha dispersado a sus integrantes a otros sitios, desencadenándose una lucha fratricida para hacerse del poder y control de enormes zonas del territorio.