Rebasando por la izquierda
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Marzo 24 / Abril 7, 2013
Hay que reconocer que algunas de las acciones e iniciativas que ha emprendido el gobierno de Enrique Peña Nieto en los primeros 100 días de su administración han sido arrancadas del ideario y postulados políticos de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de medidas que la izquierda habría esperado del tabasqueño si lo hubieran dejado llegar al poder, y nunca de alguien que durante su campaña subestimamos y
consideramos como un candidato de pocas luces y sin sustancia que sería fácilmente manipulado por Carlos Salinas y los dueños de las televisoras que lo fabricaron. También hay que admitir que dentro de su equipo de trabajo cuenta con asesores y funcionarios inteligentes, muy lampareados, que le han permitido proyectar una buena imagen en algunos asuntos, aunque sus limitaciones conceptuales e ideológicas y la pobreza de su lenguaje las sigue exhibiendo penosamente cada vez que improvisa o declara sin un guión previamente preparado al que le pueda dar lectura. Con esto no quiero decir que sus jugadas de pizarrón o los compromisos del Pacto por México vayan a aterrizar en exitosas reformas de fondo como la pretendida rectoría del Estado en materia de educación y el mejoramiento del nivel académico de maestros y alumnos. Existe una enorme distancia entre lo que se plasma en la ley y la realidad de los hechos que casi siempre la contradicen. Las resistencias y compromisos que caracterizan al magisterio son demasiado complejos como para cantar victoria, pero por algo se empieza.
El encarcelamiento de la líder magisterial -que fue reconocido y aplaudido por todos los mexicanos como lo mejor que ha hecho hasta la fecha- obedeció a su indisciplina y rebeldía y no a su corrupto y arbitrario comportamiento. Tan es así, que a los principales dirigentes de ese sindicato que también se beneficiaron con los recursos de los trabajadores no se les ha hecho ni se les hará absolutamente nada. No se diga del secretario general del sindicato petrolero y otros serviles cabecillas y ex gobernadores que tampoco serán tocados mientras que sean útiles y leales al presidente.
Otra reforma de fondo que había ofrecido López Obrador, y que para sorpresa de todos hizo suya el gobierno de Peña Nieto, es la que pretende acabar con los monopolios en telefonía, internet y televisión de los tres hombres de negocios más influyentes del país: Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, y que busca además fomentar la participación extranjera y la competencia hasta el extremo de facultar al gobierno a dividir esas empresas y terminar con los monopolios ajustando a menos de la mitad su participación en el mercado de las telecomunicaciones.
Aquí cabe una pregunta que nos hacemos muchos mexicanos: ¿Qué se negoció para que estos empresarios aceptaran mansamente la afectación de sus intereses, es más, para que la aplaudieran? ¿Por qué permitió Carlos Salinas –que debe tener una participación muy importante en los negocio de Slim y quien además ejerce una enorme influencia sobre Peña Nieto- que avanzara esta iniciativa que ha provocado que el precio de las acciones de la telefonía hayan perdido hasta un 20% del valor que tenían antes de anunciarse este golpe que podría tomarse como una expropiación? La única razón que encuentro es que van mano en los contratos de prestación de servicios de la industria petrolera que pronto se abrirá al capital privado en áreas hasta ahora reservadas, y que de esta manera serán generosamente compensados, pues no concibo el trato servil y zalamero que le siguen brindando las televisoras a todo lo que hace o dice el presidente, y no destacan sus desaciertos ni les dan espacios a sus críticos. No creo que los hayan amenazado con iniciarles procesos penales -como el de la maestra Gordillo- por defraudación fiscal y otros delitos que seguramente el gobierno federal tiene documentados.
Si López Obrador hubiera destinado una partida presupuestal de más de 30 mil millones de pesos, como la que ha comprometido Peña Nieto para apoyar económicamente a los adultos mayores de 65 años, y que equivale a los ingresos anuales del gobierno potosino, seguramente que muchos empresarios y medios de comunicación se le habrían echado encima condenándolo por populista y demagogo; sin embargo, al ocupante de Los Pinos no lo critican aunque en su programa haya excluido a ese sector de pensionados que reciben cantidades miserables y haya incluido a muchos otros que no están afiliados a los sistemas de seguridad del Estado, pero que no necesitan los 500 pesos mensuales de ayuda que pronto empezarán a recibir. La Cruzada Nacional contra el Hambre es otro más de esos programas populistas que estamos ciertos que no se va a cumplir, pero que servirá de herramienta política para controlar el voto de la gente más necesitada del país.
López Obrador y su movimiento volverán a tener presencia en el ámbito nacional y resurgirán con mayor fuerza en el escenario nacional en el momento en que se discuta en el Congreso la aplicación del IVA en medicinas y alimentos y se conozcan los detalles de la reforma energética y fiscal que están previstas para el segundo semestre del año. El país estará atento a las protestas populares de este movimiento que harán retroceder las intenciones entreguistas y abusivas del gobierno priista.
Los medios electrónicos del país no cuestionan al gobierno de Peña Nieto, ni siquiera lo han hecho los grandes constructores de vivienda que se han descapitalizado y han visto cómo se desploman sus acciones en la Bolsa de Valores, algunas perdiendo hasta las dos terceras partes de su valor, por decisiones arbitrarias tomadas a principios de febrero que cambiaron las reglas del juego en materia de subsidios federales para la adquisición de viviendas populares y que le dieron al traste a las reservas territoriales que habían adquirido. Se trata de un grupo de constructoras que controlan más del 40% del mercado inmobiliario del país que está a punto de quebrar y de llevarse entre las patas a miles de proveedores de bienes y servicios.
Marzo 24 / Abril 7, 2013
Hay que reconocer que algunas de las acciones e iniciativas que ha emprendido el gobierno de Enrique Peña Nieto en los primeros 100 días de su administración han sido arrancadas del ideario y postulados políticos de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de medidas que la izquierda habría esperado del tabasqueño si lo hubieran dejado llegar al poder, y nunca de alguien que durante su campaña subestimamos y
consideramos como un candidato de pocas luces y sin sustancia que sería fácilmente manipulado por Carlos Salinas y los dueños de las televisoras que lo fabricaron. También hay que admitir que dentro de su equipo de trabajo cuenta con asesores y funcionarios inteligentes, muy lampareados, que le han permitido proyectar una buena imagen en algunos asuntos, aunque sus limitaciones conceptuales e ideológicas y la pobreza de su lenguaje las sigue exhibiendo penosamente cada vez que improvisa o declara sin un guión previamente preparado al que le pueda dar lectura. Con esto no quiero decir que sus jugadas de pizarrón o los compromisos del Pacto por México vayan a aterrizar en exitosas reformas de fondo como la pretendida rectoría del Estado en materia de educación y el mejoramiento del nivel académico de maestros y alumnos. Existe una enorme distancia entre lo que se plasma en la ley y la realidad de los hechos que casi siempre la contradicen. Las resistencias y compromisos que caracterizan al magisterio son demasiado complejos como para cantar victoria, pero por algo se empieza.
El encarcelamiento de la líder magisterial -que fue reconocido y aplaudido por todos los mexicanos como lo mejor que ha hecho hasta la fecha- obedeció a su indisciplina y rebeldía y no a su corrupto y arbitrario comportamiento. Tan es así, que a los principales dirigentes de ese sindicato que también se beneficiaron con los recursos de los trabajadores no se les ha hecho ni se les hará absolutamente nada. No se diga del secretario general del sindicato petrolero y otros serviles cabecillas y ex gobernadores que tampoco serán tocados mientras que sean útiles y leales al presidente.
Otra reforma de fondo que había ofrecido López Obrador, y que para sorpresa de todos hizo suya el gobierno de Peña Nieto, es la que pretende acabar con los monopolios en telefonía, internet y televisión de los tres hombres de negocios más influyentes del país: Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, y que busca además fomentar la participación extranjera y la competencia hasta el extremo de facultar al gobierno a dividir esas empresas y terminar con los monopolios ajustando a menos de la mitad su participación en el mercado de las telecomunicaciones.
Aquí cabe una pregunta que nos hacemos muchos mexicanos: ¿Qué se negoció para que estos empresarios aceptaran mansamente la afectación de sus intereses, es más, para que la aplaudieran? ¿Por qué permitió Carlos Salinas –que debe tener una participación muy importante en los negocio de Slim y quien además ejerce una enorme influencia sobre Peña Nieto- que avanzara esta iniciativa que ha provocado que el precio de las acciones de la telefonía hayan perdido hasta un 20% del valor que tenían antes de anunciarse este golpe que podría tomarse como una expropiación? La única razón que encuentro es que van mano en los contratos de prestación de servicios de la industria petrolera que pronto se abrirá al capital privado en áreas hasta ahora reservadas, y que de esta manera serán generosamente compensados, pues no concibo el trato servil y zalamero que le siguen brindando las televisoras a todo lo que hace o dice el presidente, y no destacan sus desaciertos ni les dan espacios a sus críticos. No creo que los hayan amenazado con iniciarles procesos penales -como el de la maestra Gordillo- por defraudación fiscal y otros delitos que seguramente el gobierno federal tiene documentados.
Si López Obrador hubiera destinado una partida presupuestal de más de 30 mil millones de pesos, como la que ha comprometido Peña Nieto para apoyar económicamente a los adultos mayores de 65 años, y que equivale a los ingresos anuales del gobierno potosino, seguramente que muchos empresarios y medios de comunicación se le habrían echado encima condenándolo por populista y demagogo; sin embargo, al ocupante de Los Pinos no lo critican aunque en su programa haya excluido a ese sector de pensionados que reciben cantidades miserables y haya incluido a muchos otros que no están afiliados a los sistemas de seguridad del Estado, pero que no necesitan los 500 pesos mensuales de ayuda que pronto empezarán a recibir. La Cruzada Nacional contra el Hambre es otro más de esos programas populistas que estamos ciertos que no se va a cumplir, pero que servirá de herramienta política para controlar el voto de la gente más necesitada del país.
López Obrador y su movimiento volverán a tener presencia en el ámbito nacional y resurgirán con mayor fuerza en el escenario nacional en el momento en que se discuta en el Congreso la aplicación del IVA en medicinas y alimentos y se conozcan los detalles de la reforma energética y fiscal que están previstas para el segundo semestre del año. El país estará atento a las protestas populares de este movimiento que harán retroceder las intenciones entreguistas y abusivas del gobierno priista.
Los medios electrónicos del país no cuestionan al gobierno de Peña Nieto, ni siquiera lo han hecho los grandes constructores de vivienda que se han descapitalizado y han visto cómo se desploman sus acciones en la Bolsa de Valores, algunas perdiendo hasta las dos terceras partes de su valor, por decisiones arbitrarias tomadas a principios de febrero que cambiaron las reglas del juego en materia de subsidios federales para la adquisición de viviendas populares y que le dieron al traste a las reservas territoriales que habían adquirido. Se trata de un grupo de constructoras que controlan más del 40% del mercado inmobiliario del país que está a punto de quebrar y de llevarse entre las patas a miles de proveedores de bienes y servicios.