Pobres de solemnidad
Por EDUARDO MARTÍNEZ BENAVENTE
Enero 27, 2013
Tendría que ser uno demasiado ingenuo y despistado para creer que el programa denominado “Cruzada contra el hambre”, que acaba de instaurar el gobierno federal, vaya a resolver la situación de miseria extrema y hambre que padecen los pobres más pobres del país: los pobres de solemnidad, aquellos que viven en el desamparo total y son utilizados y exhibidos en las encuestas y ceremonias oficiales para justificar millonarias partidas presupuestales; como aquellos que se mostraban lisiados y harapientos en las puertas de las iglesias y fiestas litúrgicas para provocar los sentimientos de piedad y caridad de los que transitaban por esos lugares. Eran los momentos más rentables para el negocio de las limosnas, como son hoy para los que hacen negocio con estos desafortunados. Los recursos que se manejan son cuantiosísimos e incontrolables, lo que le ha permitido a muchos funcionarios y proveedores de bienes y servicios enriquecerse brutalmente.
Cada presidente -desde que tengo memoria- presenta al inicio de su administración un proyecto para erradicar el problema de la extrema pobreza y poner punto final al hambre y a la desesperanza de millones de mexicanos, asegurando que su compromiso irá más allá de las políticas asistenciales, paternalistas o populistas de sus antecesores. Apuesto doble contra sencillo a que el número de hambrientos y marginados del país será mayor dentro de seis años al que ahora reportan las estadísticas, por lo pronto, Felipe Calderón, le sumó a México 7,3 millones de nuevos pobres, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ni éste ni ninguno de los otros decretos que se han publicado son la barita mágica para rescatar a tantos mexicanos de su tragedia. Con esta acción se cumple el compromiso número cinco del Pacto por México que suscribieron los dirigentes de los principales partidos políticos con el titular del Poder Ejecutivo, y que tiene como objetivo crear un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza para “terminar con la pobreza extrema”. La erradicación de este mal es para este gobierno la prioridad principal que no va a cumplir. El Subcomandante Marcos, ideólogo y dirigente del EZLN, declaró desde la zona misma en la que Peña Nieto lanzó su cruzada, que “nadie les cree” y en uno de sus textos le pintó una mano con el dedo medio en alto para demostrar su repudio. Habrá que recordar que las comunidades autónomas zapatistas desconocen al gobierno, y congruentes con esta posición no aceptan ayuda oficial y con recursos propios mantienen sus escuelas y clínicas de salud.
La dispersión de la población rural en pequeñas comunidades y caseríos sin accesos, las sequías pronosticadas para este año, las heladas y falta de inversiones y mano de obra en el campo son una garantía de que cualquier recurso que se les entregue será desperdiciado. El reacomodo poblacional en las zonas productivas del país es una vía para optimizar los recursos destinados a combatir la pobreza. Sale más barato crear infraestructura y servicios en estos sitios que seguir derrochando dinero en zonas inhóspitas y sin expectativas de crecimiento. El mariscal Tito de Yugoslavia, quien gobernó a su país de 1945 hasta su muerte ocurrida en 1980, no se anduvo con miramientos y obligó a los habitantes de cientos de pequeñas comunidades inviables para crecer económicamente a emigrar a lugares estratégicos localizados frente al mar Adriático. Este método, poco ortodoxo pero propio de un tirano y estadista de su talla, logró que los índices de pobreza se redujeran de una manera muy significativa. Los litorales son nuestra salvación y futuro. Ningún gobernador con una pizca de vergüenza debería atreverse a gastar en lo superfluo, si no ha eliminado la desnutrición infantil en su estado, como los millones de pesos que se destinan al mantenimiento y servicios de la Casa de Gobierno y muchos otros excesos.
Es injusto que comunidades indígenas ubicadas en los municipios de San Martín Chalchicuatla, Huehuetlán y Tamasopo y otras regiones de la huasteca, igual o más miserables que las de Xilitla, Tamazunchale, Aquismón, Matlapa, Tanlajas, Santa Catarina y algunas colonias de la capital potosina -que se verán beneficiadas con este programa- hayan sido eliminadas de la Cruzada Nacional contra el Hambre; como también es una arbitrariedad que hayan quedado fuera los marginados de las paupérrimas zonas del municipio de Soledad y altiplano potosino.
La medición de las carencias no fue objetiva. Los criterios para incluir a unos municipios y no invitar a otros habrá que buscarlos en las estrategias electorales del sexenio. La eliminación de cientos de miles de pobres que viven en condiciones de alta marginación en San Luis Potosí es una acción discriminatoria que no debemos permitir y que tendrá un costo político. Los beneficios de este programa deben ser universales, aunque nadie nos ha explicado de dónde saldrá el dinero para dejar en cero el hambre de ese sector de la población, eliminar la desnutrición infantil y mejorar el peso y talla de los niño, así como aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, y muchos otros compromisos contraídos que estarán a cargo de una Comisión Intersecretarial, que le sumará más burócratas a los millones que ya existen.
Según Fernando Chávez Méndez, secretario de Desarrollo Social y Regional del gobierno del Estado, son más de 380 mil potosinos los que están identificados dentro de esta categoría. Suman 70 los programas federales –71 con éste- que reciben dinero de los tres niveles de gobierno en un río revuelto de dádivas y caridades sobre el que pesan acusaciones de fraude que no han sido aclaradas, como la licitación relativa a la adquisición de material para la construcción de 34 mil estufas ecológicas que estuvo a cargo del DIF estatal y que se pagaron con recursos de una asociación privada de beneficencia.
Enero 27, 2013
Tendría que ser uno demasiado ingenuo y despistado para creer que el programa denominado “Cruzada contra el hambre”, que acaba de instaurar el gobierno federal, vaya a resolver la situación de miseria extrema y hambre que padecen los pobres más pobres del país: los pobres de solemnidad, aquellos que viven en el desamparo total y son utilizados y exhibidos en las encuestas y ceremonias oficiales para justificar millonarias partidas presupuestales; como aquellos que se mostraban lisiados y harapientos en las puertas de las iglesias y fiestas litúrgicas para provocar los sentimientos de piedad y caridad de los que transitaban por esos lugares. Eran los momentos más rentables para el negocio de las limosnas, como son hoy para los que hacen negocio con estos desafortunados. Los recursos que se manejan son cuantiosísimos e incontrolables, lo que le ha permitido a muchos funcionarios y proveedores de bienes y servicios enriquecerse brutalmente.
Cada presidente -desde que tengo memoria- presenta al inicio de su administración un proyecto para erradicar el problema de la extrema pobreza y poner punto final al hambre y a la desesperanza de millones de mexicanos, asegurando que su compromiso irá más allá de las políticas asistenciales, paternalistas o populistas de sus antecesores. Apuesto doble contra sencillo a que el número de hambrientos y marginados del país será mayor dentro de seis años al que ahora reportan las estadísticas, por lo pronto, Felipe Calderón, le sumó a México 7,3 millones de nuevos pobres, según el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Ni éste ni ninguno de los otros decretos que se han publicado son la barita mágica para rescatar a tantos mexicanos de su tragedia. Con esta acción se cumple el compromiso número cinco del Pacto por México que suscribieron los dirigentes de los principales partidos políticos con el titular del Poder Ejecutivo, y que tiene como objetivo crear un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza para “terminar con la pobreza extrema”. La erradicación de este mal es para este gobierno la prioridad principal que no va a cumplir. El Subcomandante Marcos, ideólogo y dirigente del EZLN, declaró desde la zona misma en la que Peña Nieto lanzó su cruzada, que “nadie les cree” y en uno de sus textos le pintó una mano con el dedo medio en alto para demostrar su repudio. Habrá que recordar que las comunidades autónomas zapatistas desconocen al gobierno, y congruentes con esta posición no aceptan ayuda oficial y con recursos propios mantienen sus escuelas y clínicas de salud.
La dispersión de la población rural en pequeñas comunidades y caseríos sin accesos, las sequías pronosticadas para este año, las heladas y falta de inversiones y mano de obra en el campo son una garantía de que cualquier recurso que se les entregue será desperdiciado. El reacomodo poblacional en las zonas productivas del país es una vía para optimizar los recursos destinados a combatir la pobreza. Sale más barato crear infraestructura y servicios en estos sitios que seguir derrochando dinero en zonas inhóspitas y sin expectativas de crecimiento. El mariscal Tito de Yugoslavia, quien gobernó a su país de 1945 hasta su muerte ocurrida en 1980, no se anduvo con miramientos y obligó a los habitantes de cientos de pequeñas comunidades inviables para crecer económicamente a emigrar a lugares estratégicos localizados frente al mar Adriático. Este método, poco ortodoxo pero propio de un tirano y estadista de su talla, logró que los índices de pobreza se redujeran de una manera muy significativa. Los litorales son nuestra salvación y futuro. Ningún gobernador con una pizca de vergüenza debería atreverse a gastar en lo superfluo, si no ha eliminado la desnutrición infantil en su estado, como los millones de pesos que se destinan al mantenimiento y servicios de la Casa de Gobierno y muchos otros excesos.
Es injusto que comunidades indígenas ubicadas en los municipios de San Martín Chalchicuatla, Huehuetlán y Tamasopo y otras regiones de la huasteca, igual o más miserables que las de Xilitla, Tamazunchale, Aquismón, Matlapa, Tanlajas, Santa Catarina y algunas colonias de la capital potosina -que se verán beneficiadas con este programa- hayan sido eliminadas de la Cruzada Nacional contra el Hambre; como también es una arbitrariedad que hayan quedado fuera los marginados de las paupérrimas zonas del municipio de Soledad y altiplano potosino.
La medición de las carencias no fue objetiva. Los criterios para incluir a unos municipios y no invitar a otros habrá que buscarlos en las estrategias electorales del sexenio. La eliminación de cientos de miles de pobres que viven en condiciones de alta marginación en San Luis Potosí es una acción discriminatoria que no debemos permitir y que tendrá un costo político. Los beneficios de este programa deben ser universales, aunque nadie nos ha explicado de dónde saldrá el dinero para dejar en cero el hambre de ese sector de la población, eliminar la desnutrición infantil y mejorar el peso y talla de los niño, así como aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas, y muchos otros compromisos contraídos que estarán a cargo de una Comisión Intersecretarial, que le sumará más burócratas a los millones que ya existen.
Según Fernando Chávez Méndez, secretario de Desarrollo Social y Regional del gobierno del Estado, son más de 380 mil potosinos los que están identificados dentro de esta categoría. Suman 70 los programas federales –71 con éste- que reciben dinero de los tres niveles de gobierno en un río revuelto de dádivas y caridades sobre el que pesan acusaciones de fraude que no han sido aclaradas, como la licitación relativa a la adquisición de material para la construcción de 34 mil estufas ecológicas que estuvo a cargo del DIF estatal y que se pagaron con recursos de una asociación privada de beneficencia.